El pasado viernes 20 de enero, se dio una gran sorpresa en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, cuando un grupo de agentes del Ministerio Público y la ATIC, dio captura en sus propias casas a los presidentes de las empresas desarrolladoras del Proyecto Ciudad Jaragua, el Ing. Cesar Elvir Prieto y el Lic. Antonio Jose Oviedo Prieto, junto con otros profesionales clave en el proyecto, como el Ing. José Luis Gutiérrez, Director Técnico del Proyecto y el Ing. Wilfredo Umanzor, contratista del Proyecto. También se dio captura a dos importantes funcionarios de la Municipalidad de San Pedro Sula del gobierno pasado y dos actuales técnicos de la división Municipal Ambiental.
La empresa desarrolladora del proyecto, INMOBILIARIA EL ACTIVO S. DE R.L., dueña del proyecto habitacional Prados de Jaraguá y Cumbres de Jaraguá, así como la empresa INVERSIONES MPG S.A. de C.V., dueña del proyecto Bosques de Jaraguá, emitió un comunicado de prensa en el que rechazan enérgicamente la acción tan desproporcionada con que se desplegaron los nueve operativos con comandos tácticos, drones, armas automáticas, y despliegues mediáticos simultáneos, contra empresarios de reconocida trayectoria, tanto en las exportaciones de empaques, como proyectos inmobiliarios exitosos y a profesionales reconocidos en el ámbito de la ingeniería en nuestra ciudad por haber participado en importantes obras de infraestructura, nacional e internacional.
Según el comunicado, la empresa se siente decepcionada al ver cómo el Ministerio Público desperdicia los recursos del estado en operaciones espurias de acoso a un solo proyecto, que ha durado siete años y que culmina con acusaciones vagas, mal documentadas y con serias omisiones que no soportaron el escrutinio inicial de un juez, razón por la cual todos los imputados fueron puestos en libertad un día después del show.
La empresa afirma que el mensaje que se envía a la comunidad empresarial nacional e internacional es nefasto y que genera un sesgo en los tramitadores y técnicos de las entidades que supervisan los proyectos de infraestructura. Por ello, hacen un llamado al gobierno para que, en el momento de elegir a los nuevos magistrados, se escojan hombres probos que devuelvan la justicia al país y generen un cambio en el Ministerio Público para la seguridad de la inversión privada.
La empresa también se reserva el derecho a su defensa y hace un llamado al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que esté atento a las acciones del Ministerio Público contra la integridad física de todos los imputados y sus familias. Asegura que en el momento que se designe, demostrarán su inocencia y su total apego a las leyes ambientales y municipales con las que su proyecto ha sido desarrollado.
